Orlando Espinosa, secretario de Asuntos Aduanales y Puerto de la Fuerza del Pueblo (FP), plantea que se debe revisar la legislación vigente para endurecer las sanciones y fortalecer los controles aduaneros frente a las redes criminales
Penas de hasta 30 años de prisión para quienes incurran en contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra, tras señalar casos de tráfico ilícito de estos materiales hacia Haití, propone Orlando Espinosa, secretario de Asuntos Aduanales y Puerto de la Fuerza del Pueblo (FP).
Espinosa planteó revisar la legislación vigente para endurecer las sanciones y fortalecer los controles aduaneros frente a las redes criminales que utilizan los mecanismos del comercio internacional para movilizar armamentos.
Explicó que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece condenas que pueden alcanzar los 30 años por delitos específicos vinculados al desvío de pertrechos oficiales.
Espinosa sostuvo que el Congreso Nacional debe revisar las disposiciones legales para evitar que las operaciones de tráfico de armamentos reciban sanciones menos severas cuando se ejecutan mediante procedimientos aduaneros.
Casos
Como ejemplo, citó informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití, que hacen referencia a la interceptación, en el puerto de Haina, de un contenedor procedente de Miami declarado como ajuares del hogar. En su interior fueron encontrados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego, según indicó.
También mencionó la detención de un segundo teniente del Ejército dominicano y un ciudadano haitiano, sorprendidos cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia San Juan. A juicio del dirigente, el caso evidencia los riesgos del tráfico terrestre de municiones.
El representante de la FP cuestionó que durante la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se hayan reportado casos de municiones de origen militar dominicano en poder de organizaciones criminales haitianas, y consideró que esas situaciones requieren investigaciones y respuestas institucionales.
“Resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas”, expresó Espinosa, quien también aludió a casos de narcotráfico en los que, afirmó, han sido mencionados dirigentes y legisladores del PRM.
El dirigente insistió en que las nuevas modalidades del crimen organizado representan un desafío para la seguridad nacional y llamó a revisar el marco legal para fortalecer las sanciones contra quienes participen en el tráfico ilícito de armas y municiones.