Pobladores del sector La Pared aseguran que el constante flujo de niños y adultos levantaba sospechas en la zona. Mientras la justicia investiga trato e inseguridad, la cónyuge del imputado sostiene que todo se trata de «falsas acusaciones»
Bajos de Haina, San Cristóbal. — Entre las calles del sector La Pared, en Haina, era un secreto a voces que las dinámicas dentro de la finca donde opera la Fundación Restaurando Vidas no eran normales. Residentes del sector El Feliciano coinciden en que el constante tránsito de niños, niñas y adultos entrando y saliendo del recinto, sumado a las deficiencias del lugar, levantaba sospechas continuas en la comunidad sobre lo que realmente ocurría allí.
“Todos pensamos siempre que había cosas raras ahí. Pero aún no sabemos si las hubo porque nunca estuvimos ahí dentro. Si sé que había muchachos de esos que salían hacer fechorías”, expreso Juan Carrasco.
Las dudas de la vecindad cobraron fuerza tras la fuga de un menor de 12 años el pasado 28 de agosto, hecho que desencadenó la intervención de las autoridades judiciales, el rescate de 13 menores y el arresto del presidente del centro, Ángel Gabriel Capellán, alias «El pastor», quien es investigado por presunta trata infantil, agresiones físicas y explotación laboral.
Habla la esposa: “Todo lo que dicen es mentira”
Frente a las graves imputaciones del Ministerio Público, Zeneida, esposa del imputado, rompió el silencio en exclusiva para este diario y defendió la labor que realizaban en la edificación.
“Si a él lo detuvieron porque un niño se extravió y cuando él fue a rescatar al niño lo detuvieron por falsas acusaciones, todo lo que dicen es mentira. Yo soy la esposa de él, estamos aquí los dos trabajando al conjunto y gracias a Dios nunca ha habido situaciones como esa en este lugar”, afirmó Zeneida.
Según la esposa, la llegada de los internos respondía a la solicitud de los propios progenitores. “Ningún padre quiere un hijo que se lo maten en la calle o que haga fechorías; los padres los traen porque quieren una mejor vida para ellos”, explicó.
Zeneida rechazó que existiera hacinamiento o promiscuidad dentro del recinto. Detalló que las hembras y los varones permanecían en áreas separadas y únicamente coincidían durante las cadenas de oración de la iglesia que opera en la propiedad. Añadió que la manutención se lograba mediante donaciones voluntarias y negó la presencia de lactantes: “Es mentira que hubiera bebés de tres meses; esos niños tienen a sus madres y familias. Las autoridades tenían conocimiento del centro porque estamos legalizados como fundación sin fines de lucro y Conani nos visitaba”.
El complejo está integrado por varias viviendas de madera y zinc (donde duermen y conviven los internos), junto a una estructura de concreto de dos niveles. Jorge González
Una estructura rural e insegura
El complejo está ubicado al final de un camino agreste flanqueado por cultivos de plátanos en la calle La Feliciana. En la entrada principal se levanta la estructura que alberga el templo, identificada con el letrero: “Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto que Revive”
El entorno habitacional se compone de varias casuchas de madera y zinc conectadas con una edificación de concreto de dos niveles. En el área se distribuyen un depósito de leña, la cocina y un espacio de madera con sillas que comunica hacia tres habitaciones dotadas de camas y camarotes con dos baños.
A pesar de alojar a decenas de personas, el lugar carece por completo de verjas, portones o controles perimetrales de acceso, evidenciando una falta total de medidas de seguridad y condiciones mínimas de habitabilidad para el albergue de infantes o adultos.
Antecedentes y proceso judicial
El caso salió a la luz cuando el menor de 12 años escapó hacia el destacamento policial de Hatillo. En su declaración, el niño denunció haber sufrido golpizas, quemaduras, privación de alimentos y sometimiento a trabajos forzados de carpintería que le impedían acudir a la escuela.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal y la Dirección de Investigación de Trata y Tráfico de Personas asumieron las indagatorias para evaluar a los infantes rescatados y formalizar el sometimiento judicial contra Capellán.