Organizaciones sociales y juristas cuestionan los supuestos intercambios de disparos, mientras la Policía destaca la reducción de las denuncias por robos y llama a los prófugos a entregarse a la Justicia.
Las muertes de jóvenes durante supuestos intercambios de disparos con agentes policiales han abierto un debate entre ciudadanos, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores de Santiago sobre los métodos empleados para combatir la delincuencia, el respeto a los derechos fundamentales y la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana.
La discusión se produce después de que se reportaran más de 20 fallecimientos en un mes en la región del Cibao durante presuntos enfrentamientos con las autoridades, una cifra que ha generado preocupación y cuestionamientos sobre las circunstancias en que se producen estas muertes, especialmente cuando las víctimas son personas señaladas como prófugas de la Justicia o con antecedentes penales.
Mientras sectores de la población consideran que las acciones policiales son necesarias para enfrentar la criminalidad y devolver la tranquilidad a las comunidades, representantes de organizaciones sociales y juristas advierten de que la persecución del delito no puede sustituir los procedimientos judiciales ni justificar el uso desproporcionado de la fuerza.
Raquel Rivera, dirigente de la Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientalistas, cuestionó la utilización de la expresión “intercambio de disparos” para describir estos hechos y sostuvo que algunos casos deben investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales.
“No se le puede llamar intercambio de disparos, sino que son justamente ejecuciones que la Policía está haciendo con las juventudes”, afirmó Rivera, quien atribuyó parte de la problemática de la delincuencia a las desigualdades sociales, la exclusión y la falta de oportunidades para niños y jóvenes.
A su juicio, la inseguridad no puede analizarse exclusivamente desde la persecución policial, sino que requiere examinar las condiciones que favorecen la marginalidad, las deficiencias en el acceso a la educación y las limitaciones para desarrollar una vida digna.
Consideró que la ausencia de políticas públicas efectivas contribuye a reproducir un escenario en el que la violencia termina afectando tanto a las comunidades como a los propios jóvenes.
Rivera también criticó el apoyo de algunos ciudadanos a las muertes de personas señaladas como delincuentes para enfrentar la criminalidad. Advirtió de que, en un país donde no existe la pena de muerte como sanción judicial, ninguna acusación ni antecedente penal debe utilizarse para desconocer el derecho a la vida y las garantías procesales.
Desde el ámbito jurídico, el abogado santiaguero Juan Carlos Genao planteó que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida de todas las personas, incluidas aquellas acusadas de cometer delitos, y de garantizar que respondan ante la Justicia mediante los procedimientos establecidos.
Expresó preocupación por lo que describió como una utilización del denominado “Código 29” que, a su entender, puede terminar convirtiéndose en una suerte de sentencia de muerte al margen de un proceso judicial.
Sostuvo que la presunción de inocencia y el debido proceso deben respetarse desde la investigación policial hasta una eventual acusación ante los tribunales.
“La violencia no se reduce con más violencia”, argumentó Genao, al señalar que presentar las muertes de presuntos delincuentes como resultados de operativos no demuestra, por sí solo, que haya disminuido la criminalidad.
En su opinión, la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas estatales, junto con la investigación de los delitos y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Con relación al tema, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), Saúl Abreu, cuestionó los métodos utilizados para combatir la delincuencia y advirtió de que el denominado “Código 29” corre el riesgo de convertirse en una forma de pena de muerte al margen de un proceso judicial.
Abreu sostuvo que el Estado dominicano tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos, incluidos aquellos acusados de cometer delitos, en cumplimiento de la Constitución y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El representante empresarial señaló que las acusaciones penales deben ser investigadas por las autoridades competentes y sometidas a los procedimientos establecidos por el sistema de justicia, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
“La violencia no se reduce con más violencia”, afirmó Abreu, al considerar que las muertes de personas señaladas como presuntos delincuentes no necesariamente representan una disminución real de la criminalidad, sino que pueden modificar la forma en que se reflejan los hechos en las estadísticas oficiales.
A su juicio, cuando una persona muere durante un supuesto enfrentamiento con agentes policiales, el hecho suele presentarse públicamente como un resultado del operativo, pero esto no demuestra por sí solo que se hayan reducido las causas de la delincuencia ni que haya mejorado la seguridad ciudadana.
Abreu consideró que la prevención debe constituir uno de los principales ejes de la política estatal para enfrentar la criminalidad y sostuvo que la respuesta de las autoridades debe orientarse a reducir los delitos mediante acciones eficaces, sin sacrificar las garantías fundamentales de las personas.
En contraste con estas críticas, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, exhortó a las personas que tienen órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente a las autoridades.
Aseguró que sus derechos constitucionales y humanos serán respetados durante el proceso e indicó que los destacamentos policiales están abiertos para recibir a quienes decidan presentarse.
El alto oficial informó de que personas requeridas por la Justicia mediante órdenes de arresto emitidas en 2012 y 2014 se han entregado a las autoridades, aunque no precisó cuántas.
También indicó que el agente herido en un incidente reciente se encontraba estable después de ser intervenido quirúrgicamente de una mano y continuaba su recuperación en su residencia.
La Policía sustenta parte de su evaluación sobre la seguridad ciudadana en las estadísticas de denuncias. Según datos de la Dirección Cibao Central, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 7,382 denuncias por robos, frente a 4,959 en el mismo período de 2026. La diferencia de 2,423 casos representa una reducción del 32,8%.
La tendencia también se reflejó en agosto, cuando las denuncias pasaron de 765 en 2025 a 394 en 2026, una disminución de 371 casos, equivalente al 48,5%. La institución informó, además, que Santiago registraba una tasa de homicidios de 5,4 por cada 100,000 habitantes, que situó como la segunda más baja entre las 19 direcciones regionales policiales.
Aunque estas cifras apuntan a una reducción de las denuncias por robos y atracos, su interpretación requiere distinguir entre los delitos denunciados, los hechos efectivamente ocurridos y los resultados de las intervenciones policiales.
Una disminución de las denuncias constituye un indicador relevante, pero no permite determinar por sí sola las causas de esa variación ni establecer si todos los componentes de la seguridad ciudadana han mejorado.