En la Cámara de Diputados hay 190 curules. Veinte desaparecerán con la conformación del Congreso que resulte electo en 2028. El tema que ocupa los pasillos legislativos no gira únicamente alrededor de esos asientos vacíos, sino de las provincias que tendrán menos representantes y de los ciudadanos cuyos votos deberán repartirse entre un número menor de legisladores.
La reforma constitucional de 2024 estableció la reducción de 190 a 170 diputados. Una decisión que, dos años después, vuelve a generar diferencias entre los legisladores y la Junta Central Electoral (JCE), encargada de distribuir la nueva matrícula. Este martes 17 de noviembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, intervino desde su curul para recordar quién aprobó la disminución
«Los diputados y senadores tomamos una decisión heroica, que yo no sé cuántos de nuestros críticos la hubiesen tomado estando en el lugar de nosotros», declaró.
Pacheco explicó que la reducción fue aprobada por la Asamblea Nacional Revisora y negó que sus observaciones pretendan impedirla. Sus cuestionamientos, precisó, están dirigidos a los criterios que utiliza la JCE para repartir los representantes entre las provincias. Pero más allá de quién asumió el costo político de la reforma, hay un tema de mayor alcance: ¿cómo cambiará la representación de los dominicanos cuando desaparezcan veinte puestos de la Cámara Baja?.
Santo Domingo perdería ocho diputados
El borrador de redistribución elaborado por la JCE contempla que trece demarcaciones reduzcan su cantidad de representantes. La provincia Santo Domingo tendría el cambio más significativo: pasaría de 43 a 35 diputados. Es decir, perdería ocho curules. El Distrito Nacional, en cambio, bajaría de 18 a 17 representantes, la misma reducción prevista para Santiago.
San Cristóbal pasaría de diez a nueve; La Vega, de siete a seis; Puerto Plata, de seis a cinco; mientras que La Altagracia y San Pedro de Macorís disminuirían de cinco a cuatro. En Azua, Barahona, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Valverde, la representación bajaría de tres diputados a dos.
Son cifras que permiten mirar el debate desde otra perspectiva: veinte escaños menos no significan una reducción uniforme. Algunos territorios perderían una parte considerable de su delegación y otros conservarían su representación.
Menos representantes para una población electoral que sigue creciendo
La reducción implica que, en términos generales, un menor número de diputados deberá asumir la representación territorial que actualmente corresponde a 178 legisladores. La nueva Constitución establece 158 representantes territoriales, cinco diputados nacionales y siete de ultramar, para un total de 170. El cambio también modifica la forma de calcular la representación. Antes se utilizaban los datos poblacionales del censo; ahora el criterio constitucional es la cantidad de electores registrados.
Para las elecciones de 2028, la disposición transitoria de la Constitución ordena utilizar como referencia el padrón de las elecciones congresuales de mayo de 2024.
Con 7,281,763 electores registrados en el territorio nacional y 158 diputaciones territoriales disponibles, la JCE calcula un promedio de 46,087 electores por curul. Este valor sirve como referencia para la distribución, aunque no significa que todas las provincias tendrán exactamente esa proporción. La Constitución también garantiza un mínimo de dos diputados por provincia.
El efecto sobre los partidos y las candidaturas
La disminución de escaños no solamente impactará la composición del Congreso. También reducirá la cantidad de posiciones territoriales disponibles para los partidos que participen en las elecciones. En las provincias donde se pasaría de tres representantes a dos, por ejemplo, habrá una curul menos por disputar.
En las demarcaciones de mayor tamaño, la reducción obligará a las organizaciones políticas a competir por una cantidad inferior de puestos. Esto podría modificar sus estrategias de candidaturas y alianzas, así como las posibilidades de representación de las fuerzas minoritarias.
Sin embargo, el efecto concreto sobre cada partido dependerá de la delimitación definitiva de las circunscripciones y de los resultados electorales de 2028.
La disminución tampoco garantiza, por sí sola, una mejora en la calidad de la representación. Un Congreso con menos integrantes puede funcionar con distintos niveles de eficiencia, pero esa eficiencia dependerá de su desempeño legislativo, su capacidad de fiscalización y su relación con los ciudadanos.
¿Cuánto dinero se ahorrará?
Otro aspecto pendiente es el impacto económico de la reforma.
Eliminar veinte curules supone una reducción potencial de gastos vinculados con la remuneración y los recursos asignados a esas posiciones. Sin embargo, para determinar el ahorro real sería necesario conocer los costos correspondientes y cómo se ajustará el presupuesto de la Cámara de Diputados. Una reducción de legisladores no se traduce automáticamente en una disminución equivalente del gasto institucional si los recursos son redistribuidos hacia otras partidas.
Por tanto, el impacto financiero debe medirse con cifras presupuestarias y no solamente con la cantidad de asientos eliminados.
Pacheco informó que los legisladores preparan observaciones técnicas sobre la propuesta de la JCE, que serán canalizadas a través de los partidos políticos.
La Cámara de Diputados no tiene la facultad de fijar por sí misma la nueva distribución territorial. Esa responsabilidad corresponde al organismo electoral, conforme a los parámetros constitucionales y legales. Por ahora, las cifras conocidas forman parte de un borrador, no de una distribución definitiva.
