Ministro Carlos Fernández Onofre advierte que la condena irrevocable provocará su retiro deshonroso
El Ministerio de Defensa confirmó este miércoles que el grupo de militares de alto y rango medio rango, condenados de 5 a 20 años de prisión, se encuentran activos en la nómina militar, pero suspendidos desde su arresto mediante la Operación Calamar, ejecutada por la Procuraduría General de la República en un operativo simultáneo las madrugadas del 18 y 19 de marzo del 2023.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, confirmó que los oficiales generales, superiores y subalternos, vinculados a procesos judiciales de alto perfil se mantienen en este estatus debido a que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13) impide su cancelación definitiva hasta que exista una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
“Cuando se trata de oficiales superiores o generales, el proceso tiene que ir al Poder Ejecutivo. Lo que se hace en esos casos es suspenderlos de sus funciones y esperar a que haya una condena definitiva. Hasta que no exista una sentencia firme, no podemos cancelarlos, están suspendidos en funciones, porque si los destituimos violaríamos la ley”.
Fernández Onofre explicó que la ley es clara: “No se puede cancelar formalmente hasta que no haya una sentencia irrevocable. Yo no conozco un solo caso en mi gestión que no se haya manejado apegado a esa norma. Que luego recurran a los tribunales es otra cosa. Hay personas con 40 años de servicio que no se quieren ir, están apegadas al uniforme”.
Sobre los casos que conocen las altas cortes, dijo que en gestiones anteriores a la ley actual del 2013, las cosas eran distintas, pero que con la nueva legislación nadie se arriesga a buscarse un problema gratis.
“He consultado exhaustivamente a los abogados que trabajan con nosotros en las Fuerzas Armadas y me confirman que el superior que actúe al margen de este procedimiento se mete en un problema legal. Hay que esperar la condena definitiva”, concluyó.
Retiro deshonroso de los condenados irrevocables
El alto mando militar advirtió que, una vez los tribunales ordinarios emitan fallos de culpabilidad definitivos, el impacto moral y operativo de esta sanción en el entorno castrense es más gravoso, “se procederá de inmediato a la separación forzosa por la vía deshonrosa, lo que anula de manera automática su ingreso a la reserva y les priva de la mayoría de los derechos inherentes al retiro, incluyendo el uso del carné oficial”.
“Si son condenados de manera definitiva, pierden todos los derechos. Se les retira el carnet de retirado color blanco por uno marrón y no pasan a la reserva. La reserva militar es activa o pasiva, conformada por quienes pueden ser llamados ante cualquier situación de emergencia”.
“A los deshonrosos ni siquiera se les brinda el saludo militar si llegan a un recinto. La única ventaja del retiro legal es que se van con sus sueldos de pensionados; de lo contrario, se van sin nada”, puntualizó el teniente general Onofre.
El militar de mayor jerarquía en las Fuerzas Armadas dominicanas, detalló que el accionar, al argumentar que el Estado Mayor General actúa bajo estricto apego a la legalidad sectorial para evitar demandas en los tribunales constitucionales y administrativos.
El titular de las Fuerzas Armadas diferenció esta situación de las infracciones del orden estrictamente militar.
Explicó que, en casos de faltas disciplinarias internas en rangos subalternos, una junta de investigación posee la facultad de resolver la culpabilidad de forma inmediata y ejecutar la baja sin requerir el visto bueno del Poder Ejecutivo.
“Durante nuestra gestión y todas las gestiones, tratamos de actuar apegados a la ley 139-13”, enfatizó el teniente general para justificar la permanencia de los condenados por corrupción en la nómina de suspendidos, rechazando que se apliquen criterios discrecionales según el rango o caso.
Ante los cuestionamientos sobre supuestas cancelaciones arbitrarias en el pasado, el funcionario sostuvo que la actual administración respeta los debidos procesos y recordó que las vías legales están abiertas para el personal militar. “Todo el mundo tiene derecho de ir a los tribunales si no se siente conforme con la decisión que toma el Estado Mayor General”, destacó.
La condena del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, califica de desfalco millonario, el orquestado desde el Cusep y el Cestur
La lista de uniformados condenados de 5 a 20 años de prisión
El mayor general, ERD, Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); general, FARD, Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el general, FARD, Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector de esa institución. También el general, ERD, Boanerges Reyes Batista, el coronel, PN, Rafael Núñez de Aza, capitán de navío, ARD, Franklin Antonio Mata Flores; Teniente Coronel, ERD, Pedro Roberto Castillo Nolasco; Coronel, FARD, Carlos Augusto Lantigua Cruz, entre otros encartados.